La Generalitat y el Gobierno han acordado crear una comisión que estudiará el gasto que el Govern destina a sufragar la ley de la dependencia, y que, según sus cálculos, supera en más del 50% lo que le corresponde.

Los problemas de financiación tanto de la sanidad como de la atención a la dependencia en Cataluña han centrado este encuentro en el que, según Ruiz, no se ha abordado la fórmula del "ticket moderador" que quiere implantar la Generalitat y que supondrá cobrar un euro por cada receta sanitaria.

Un instrumento que, ha insistido el conseller de Sanidad, no supone introducir el copago y tampoco supondrá en ningún momento una limitación económica para quien no disponga de ese euro a la hora de acceder a un medicamento.

Además, ha recordado que todavía no se ha decidido cómo se cobrará esta tasa y que en la negociación presupuestaria con el PP se fijará en qué casos se cobra y en cuáles no.

La comisión bilateral que va a estudiar el gasto en dependencia servirá, según Cleries, para contrastar las cifras que tienen la Generalitat y el Gobierno sobre su financiación.

El conseller ha subrayado que la financiación por parte de la Generalitat ha subido en los últimos años, mientras que la aportación del Estado ha bajado, a pesar de que, según la ley, se debe sufragar al 50%.

Cleries ha recordado que en el último año ha aumentado un 40% el número de beneficiarios por la atención a la dependencia en Cataluña, hasta 40.000.

A Ana Mato también le ha interesado mucho, ha asegurado Cleries, el estudio económico sobre los escenarios presupuestarios para los próximos años en este apartado, toda vez que Cataluña tiene ya una experiencia de cinco años en atención a la dependencia, y sus datos pueden venir bien para otras comunidades, ha añadido.

En las cuestiones sanitarias, Boi Ruiz ha admitido que ha ido a la reunión con los mismos planteamientos que también llevó al gobierno anterior, y que pasan sobre todo por buscar una solución al mayor problema de la sanidad en España, su deuda.

Ha recordado que dicha solución debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y el déficit sanitario debería "singularizarse" para que lo que se decida no grave más los recursos que se necesitan para la atención diaria.

También ha pedido a la ministra un fondo de compensación interterritorial que permita a las comunidades facturar por la atención que prestan a ciudadanos de otras zonas, y le ha recordado que hay que avanzar en los compromisos de incluir nuevas prestaciones en el catálogo, que "desde el punto de vista financiero deben ser abonadas por parte del Estado a las comunidades".