Recientemente, una señora de 94 años que vive en una residencia de ancianos ha sido noticia en la prensa bilbaína porque se ha puesto en huelga de hambre, una huelga que ha abandonado a los pocos días por consejo de su familia.
La señora, que había ingresado hace más de 20 años en una residencia para personas válidas de la obra social de la BBK y que ha sido demolida, fue recolocada tras el cierre en otro centro, de reciente apertura y de iniciativa privada.
El detonante de la acción de protesta ha sido que esta mujer ahora se ve obligada a compartir habitación con otra señora por necesidades del centro. Algo que a la mujer le parece indignante, alegando que no dispone ni de sitio para colocar su ropa.
Al margen del eco mediático que la noticia ha tenido, -un eco, por cierto, en el que la peor parada ha sido la señora a la que se ha tachado de egoísta-, es este un tema en el que se tiene que conjugar los derechos de los usuarios con la sostenibilidad del sistema, un sistema que, ahora mismo, se está viendo que no es sostenible.
Un debate interesante que, o mucho me equivoco, o será cada vez más frecuente.




























